EL debate entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición transcurrió ayer por los cauces previstos. Zapatero llegó al Congreso como un gobernante cesante, con un saldo de cinco millones de parados y la mayor crisis económica de la reciente historia de España. El golpe electoral del 22-M todavía hace mella, y eso se notó en la falta de entusiasmo del Grupo Socialista, que solo se animó cuando Zapatero utilizó la sal gruesa contra Mariano Rajoy, con el tópico reproche de no haber apoyado las reformas del Gobierno y añadiendo la acusación de que había utilizado en su réplica datos falsos. Zapatero no ofreció un «sprint» final de reformas convincentes o novedosas, que sacudieran la modorra y la inercia en la que está instalado el Gobierno, más pendiente de lo que Alemania puede hacer por Grecia que de lo que él puede hacer por España. Y este es el problema que subyacía al discurso de Zapatero: la pérdida de control sobre los acontecimientos que afectan a la economía española. Por eso fue certero Mariano Rajoy cuando desarmó dialécticamente a Zapatero al afirmar que no lo acusaba de la crisis, sino de haberla negado, de haberla agravado y de haber dilapidado «la mejor herencia recibida», en referencia a la situación económica que dejó el Partido Popular en 2004, gracias a cuyas rentas ha vivido el Gobierno socialista hasta la eclosión de la crisis financiera.
D Fue un debate, por tanto, perdido en la absoluta disparidad de papeles que Zapatero y Rajoy cumplen en la política nacional. El primero, abrumado por su fracaso en la gestión de la crisis. El segundo, aupado al liderazgo político tras los resultados de los comicios municipales del 22 de mayo. Solo la prerrogativa de disolver el Parlamento mantiene al presidente del Gobierno con vida política. En todo caso, la réplica de Zapatero a Rajoy marca la senda del discurso del PSOE —y, por tanto, de Rubalcaba— contra el PP, que es el mismo de los últimos meses. Los socialistas se van a emplear a fondo en denunciar que los populares no han actuado con sentido de Estado ante la crisis. Pero esta agenda demuestra que, realmente, el PSOE no ha aprendido nada de las elecciones municipales y autonómicas. Si, en general, ningún partido de la oposición puede responsabilizarse de las políticas de pactos del Gobierno, en el caso español la acusación al PP es una insidia, vista la estrategia del Gobierno de pactar con cualquiera antes que con Rajoy. Están registradas para la posteridad las cesiones abusivas que ha tenido que hacer el Gobierno al PNV y a CiU para lograr su abstención y sus votos, respectivamente, y sacar adelante las reformas de la negociación colectiva y del sistema de pensiones. Diga lo que diga Rajoy —y aunque demuestre con datos sus apoyos al Gobierno al comienzo de la crisis y las múltiples propuestas hechas en materia laboral, social y fiscal—, el Gobierno y el PSOE no tienen más opción que socavar al adversario, a falta de un balance propio favorable. Las políticas sociales serán, también, un campo de batalla entre el Gobierno y la oposición, pero ahí la situación del Ejecutivo es de extrema debilidad, porque no es posible abanderar la cohesión social ante las políticas de la derecha, como pretende el presidente del Gobierno, cuando bajo su mandato se ha superado el 20 por ciento de tasa de paro y se ha llegado al límite de los cinco millones de parados.
Añádanse desahucios, empobrecimiento, exclusión social, y quedará completado el cuadro de una crisis económica que se ha transformado en la crisis social que hará de España un país más pobre.
En lo político, Zapatero reflejó ayer con cruda nitidez el estado actual del socialismo español: sin discurso frente a los ciudadanos, crispado frente a la oposición y fracasado frente a la crisis. La petición de elecciones generales anticipadas no es una obsesión del Partido Popular, sino la necesidad democrática de provocar un revulsivo, por el único cauce legítimo que conoce el sistema, que es convocar a los ciudadanos cuando el Gobierno se ha agotado. Otros países en crisis no han empeorado su situación por convocar elecciones anticipadas, como Irlanda o Portugal. Al contrario, sus gobiernos han tomado las riendas de la situación, con mayor o menor acierto, pero con el respaldo de unos ciudadanos que han votado con conocimiento de la crisis que padecen. Con los resultados desastrosos del 22 de mayo en las elecciones locales y autonómicas, cualquier Ejecutivo europeo habría dimitido en bloque para dar paso a una nueva legislatura. Pero el Ejecutivo socialista de Rodríguez Zapatero ha decidido convertirse en la excepción negativa a la normalidad democrática. Y lo ha conseguido, porque Zapatero no termina de irse.
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