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Tijeretazo a los sueldos

Los funcionarios: no somos los culpables del gasto, es un discurso populista.

http://www.expansion.com/2010/05/19/funcion-publica/1274251965.html

Publicado el 19-05-2010 , por Marga Castillo Grijota

La decisión del Gobierno de bajar las nóminas públicas un 5% de media ha levantado ampollas entre los trabajadores públicos, que verán mermar su nómina en el primer recorte 'por decretazo' de sueldos de los funcionarios de la historia, algo que había descartado hace tan sólo tres meses, a lo que se une una pérdida de poder adquisitivo de más de 40% en tres décadas, según sus cálculos. Los trabajadores públicos pueden asumir que se les baje el sueldo, pero no que se les señale como los culpables del déficit en un discurso populista y que no se tengan en cuenta otros métodos más eficaces para recortar el gasto de las administraciones, como la reducción de altos cargos en las empresas públicas. Se temen, además, que los recortes no sean equitativos entre trabajadores, incluso del mismo nivel salarial. Pero el Ejecutivo ya hecho sus cuentas.

Los trabajadores de las administraciones públicas esperan el anuncio público del contenido del Decreto ley que contiene las medidas encaminadas a reducir el gasto confirme las "tablas" que circulan vox populi entre los distintos organismos públicos -a falta de notas o circulares internas que lo confirmen- y que supondrían pérdidas reales de entre el 3% y el 10%, según el nivel profesional de cada cuerpo de funcionarios. A ello se suma el rumor de que además de los recortes anunciados, se suprimirá la paga extra de Navidad.

Según los datos a los que ha tenido acceso Expansion.com, con el fin de que sean los sueldos más abultados los que más adelgacen, los sueldos bajarán, a grandes rasgos, en un 3% de media hasta el nivel 16 (grupos C2-D: administrativos, auxiliares, subalternos...). La reducción sería de un 5% de los niveles 17 al 20 (grupos C1 y C2: administrativos), mientras que en los niveles 21 al 25 (grupo A2: administrativos, gestores), la reducción sería del 7%. Finalmente, alcanzaría el 10% en de los niveles 26 al 30 (grupo A1: técnicos y gerentes).

A estos eventuales recortes por decretazo se suma una pérdida salarial progresiva desde comienzos de los años ochenta. Los trabajadores públicos afirman que desde 1982 hasta 2007, cuando comenzó la crisis económica, el incremento real de las nóminas públicas sólo aumentó un 1,72% en 1991, y el resto de años los incrementos del IPC real siempre han sido superiores a los aumentos salariales del personal público y el resto de años, con suerte, han rondado el 0%. En los últimos dos años, durante la recesión, la pérdida de poder adquisitivo ha sido aún mayor, con subidas inferiores al IPC.

Además, las bajadas anunciadas por el ejecutivo no afectarán, presumiblemente, a todas las escalas salariales ni tampoco se aplicarán de forma homogénea para los funcionarios estatales, autonómicos y locales. Dependiendo de los conceptos salariales que se toquen (sueldo base, complemento específico y de destino, productividad, trienios...), los trabajadores públicos estatales podrían sufrir un agravio comparativo frente a los autonómicos, y muchos funcionarios de más alto nivel no entienden que se les tenga que pedir a ellos mayor esfuerzo, cuando su preparación técnica y cometidos son mucho más exigentes que los de escalas inferiores. De cualquier forma, el "tijeretazo" también va a repercutir en el grueso mileurista de las nóminas públicas.

Los sindicatos de las Administraciones Públicas han tildado las medidas de "graves, injustas y evitables", y los propios trabajadores públicos tampoco entienden por qué son ellos los que tienen que pagar el incremento del gasto público, que representa más de un 46% del PIB, según datos del Consejo General de Colegios de Economistas.

La decisión del Ejecutivo parece inapelable y se ha basado en cifras: el 17% de las personas con empleo son asalariadas del sector público -funcionarios de carrera y empleados públicos-, pero detrás de la cifra se esconde una realidad es más complicada: mientras se pide contención y esfuerzo a las administraciones, sólo se auditan el 8% de las entidades públicas, lo que impide la transparencia de las cuentas, algo especialmente grave en el sector local, en la que el porcentaje de auditorías alcanza sólo un 5%. Éste es el marco que preocupa a los funcionarios.

Rafael Coloma, Técnico Comercial y Economista del Estado y vicepresidente tercero de Fedeca
"Aún no se sabe cómo van ser los recortes, pero creo que afectarán más a los cuerpos superiores (A1), y más a los de la Administración central, aunque aún no se sabe cómo, y me parece mal que no afecte a los empleados de las empresas públicas. El problema no es de sueldos, sino de estructura administrativa.

Los salarios de los funcionarios se dividen en varios conceptos: el problema es que el sueldo base y el complemento de destino se determinan desde la Administración Central para todas las administraciones, pero el complemento específico lo determina cada centro directivo. Por lo tanto, si este último no queda afectado por el recorte, la gente con el complemento más alto (CCAA, locales) verá su sueldo proporcionalmente menos reducido que los funcionarios de la administración central, con específicos más bajos. Además, la cosa puede ser tan perversa que dos funcionarios de la administración central niveles 30, verían su sueldo reducido de manera distinta, según el complemento específico, de tal manera que el que más cobra lo vería menos reducido, ya que cobra más por el complemento específico.

Creo que las partidas de sueldo que más se tocarán son el sueldo base y el complemento de destino, pero la progresividad en el recorte [que pierdan más salario los que más ganan] no es una medida equitativa. No, porque la equidad es un concepto impositivo y no salarial. Es decir, si por cuestiones de equidad es necesario repartir la riqueza, se tendría que hacer vía impuestos, que son progresivos (los directos) o gravan ciertas fuentes de renta exclusivas de gente de mayor poder adquisitivo (patrimonio). Pero nunca a través de los sueldos, porque el sueldo refleja la capacidad de trabajo y su valor. Es decir, se está valorando el trabajo de una persona. Mientras, los impuestos se pagan en función del valor de la renta, que incluye fuentes no salariales. Por lo tanto, al reducir el sueldo se está actuando sobre una única fuente de renta, no como el IRPF, que actúa sobre todas. Por poner un ejempo, un bedel puede tener miles de euros en acciones, pero no ve su sueldo reducido, es decir, no paga más quien más tiene.

Además, al final, el sueldo es un precio por el valor del trabajo, no de riqueza. Si un sueldo es mayor que otro es porque (en teoría) el trabajo es de mayor valor; no se puede comparar lo que hace un bedel con lo que hace un inspector de hacienda o un abogado del estado. Están modificando el precio relativo de las cosas: es como si ahora decimos que hay que bajar el precio de los hoteles, pero más el del Ritz que el de la pensión de la esquina. Pese a ello, no creo que sea efectiva ahora una convocatoria de huelga, probablemente sea hasta contraproducente. No me sumaría a los paros".

J. R. Chaves (Sevach), Técnico Superior excedente y Profesor de Universidad
"Nadie sabe a qué grupos, tramos y escalas de funcionarios afectará más el recorte salarial hasta que el Consejo de Ministros no apruebe el Decreto ley, pero bajo la lógica política afectará más a los funcionarios de los grupos superiores que sobre los inferiores, quedando el ámbito político de altos cargos sujeto a recortes fuertemente testimoniales, pero realmente ficticios, ya que estos altos cargos cuentan con medidas compensatorias alternativas, como las dietas, pluses o asistencias.

Los recortes afectarán al común de los funcionarios y las partidas de sueldo que más se tocarán serán las retribuciones básicas, aunque lo ideal y asumible sería suprimir una de las dos pagas extras al año. Los cuerpos especiales, al vincular componentes de sus retribuciones a la función, serán más escurridizos, como ocurrirá, por ejemplo, con la productividad de los inspectores de Hacienda. Por otra parte, el recorte no debería afectar de modo diferente según cada Administración ya que, por lo que sabemos hasta ahora, el título competencial del Estado es la aprobación de normas básicas, y por tanto, no caben distingos entre Administraciones. El gran problema es que si el Decreto se fija en el "sueldo" o "complemento de destino" de señorío estatal no se podrán buscar escamoteos y, en cambio, si se fija en retribuciones legales, la tentación de Administraciones locales y autonómicas de escamotearlo con modificaciones del específico será muy fuerte.

No creo que la progresividad en los recortes sea equitativa: sería así si se actuara sobre el Impuesto de la Renta, no sobre las retribuciones, que nada dicen de las cargas personales y familiares de cada cual. Me parece una barbaridad también que la medida no afecte a las empresas públicas, porque ahí están los mayores yacimientos de ingresos, además de menor legitimidad para su función y que no han superado oposición competitiva alguna. Bajarnos el sueldo es una medida útil y necesaria para reducir el déficit público, pero no suficiente si no va acompañada de recorte del gasto en otros sectores, y particularmente en el ámbito de altos cargos.

Creo que la llamada a huelga de CCOO, CSI-CSI.F y UGT en junio es inútil, porque se reprocha no que se corten los salarios, sino que se efectúe tarde y contra lo que se venía afirmando. No me sumaría a los paros, sería mejor negociar con los sindicatos compensaciones sin coste, como ofrecer más vacaciones".

Francisco de la Torre, secretario general de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE)
"Más allá de la referencia genérica de que se recortará más al que más gana, no tenemos más información al respecto sobre qué partidas salariales quedarán más afectadas, aunque parece que serán todas por igual. Sólo sabemos que el recorte global será de un 5%, pero para los funcionarios y empleados públicos con categoría de directivos y altos cargos podría llegar hasta el 15%. Esta situación está añadiendo incertidumbre al lógico malestar por el recorte del sueldo que, en algunos casos, puede ser muy sustancial. Los funcionarios de los cuerpos superiores como inspectores de Hacienda y de Trabajo y abogados del Estado serán los más afectados. No creo que la progresividad en el recorte sea una medida equitativa, porque no estamos hablando de una medida fiscal, como podría ser una subida del IRPF, sino de las retribuciones por el trabajo realizado. En la práctica, esto supone un menosprecio del trabajo más cualificado que se realiza en las Administraciones Públicas.

Es muy probable que el recorte afecte de forma distinta a funcionarios estatales, autonómicos y locales, ya que estas administraciones territoriales gozan de autonomía frente a la estatal. Sin embargo, sería muy negativo que esto sucediese, porque la mayor parte del gasto público y, en concreto, del gasto de personal, se concentra en las Administraciones Territoriales, por lo que si no hay un recorte parecido, el recorte no sólo será más injusto, sino también más inútil. Por otra parte, no le veo sentido a que se haya excluido de la decisión a los empleados de empresas públicas. Aunque la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega haya dicho lo contrario, también los funcionarios tienen una negociación colectiva, y no entendemos por qué a los empleados públicos se les respeta y los funcionarios, no. Esto se entiende aún menos con el precedente del recorte por Decreto ley de los sueldos de los controladores hace unos meses.

Está claro que hay que reducir el déficit público, pero creemos que se debían haber adoptado otras medidas con anterioridad, como el recorte de subvenciones públicas, la racionalización de las estructuras administrativas o la mejora de la lucha contra el fraude fiscal, entre otras muchas. Debemos reducir el déficit permanentemente, no coyunturalmente y con un tremendo coste social y de eficacia, que es lo que se consigue con este "tijeretazo". Considero que una huelga sólo será útil –si es que lo es– para salvar la cara de los dirigentes de ambos sindicatos, además de para crearle problemas durante 24 horas al ciudadano de a pie. Nosotros creemos que habría que convocar otro tipo de propuestas y dudamos de si sumarnos a la convocatoria de huelga porque la propuesta está liderada por las personas y organizaciones menos adecuadas".

Antonio Arias, síndico de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias
"Está circulando una tabla de recortes salariales según el nivel cuya fiabilidad desconozco. Supongo que los grupos A y niveles 24 y superiores, costearán la congelación, y todo indica que afecta a las retribuciones básicas y la cuantía de cada complemento de destino, por lo que afectará de forma distinta a empleados estatales, autonómicos y locales. No se tiene en cuenta la bajada de sueldos de los empleados de las empresas públicas por un problema jurídico que lo impide. Al optar por un recorte en las cuantías básicas, quedan fuera.

Pienso que recortarnos el sueldo es una medida útil y necesaria para reducir el déficit público y de hecho, no será el último esfuerzo que se pida a los funcionarios. Lo que no veo de utilidad es una convocatoria de huelga en estos momentos y por tanto, no me sumaría a ella".

Javier Álvarez Villa, Técnico de la Administración Pública
"El recorte afectará más, si acaba llevándose a cabo a los grupos de empleados públicos que perciben unas retribuciones más bajas –Grupo E: personal subalterno y similares, Grupo C2: auxiliares administrativos y categorías análogas y Grupo C1: administrativos y demás cuerpos integrados en este grupo-. Para este personal el descuento salarial que se anuncia repercutirá de manera más gravosa en su renta personal y, en consecuencia, en su poder adquisitivo, aunque el importe en dinero que pierdan sea, en términos comparativos, inferior al de los Grupos A1 y A2 (titulados superiores y medios). A ello debe añadirse que es muy distinta la situación de los funcionarios y empleados públicos en general en estos Grupos superiores y medios (A1 y A2), ya que ocupan puestos base o de entrada, frente a los que se encuentran en puestos singularizados, sobre todo los que ocupan puestos de libre designación (del nivel 26 en adelante). Estos últimos perciben salarios que, en muchos casos, pueden rondar o superar los 3.000 euros, por lo que –aunque el porcentaje de descuento sea mayor– la disminución de poder adquisitivo no se resiente tanto.

Respecto a la cuestión de la progresividad, ésta suele responder, con carácter general, a criterios de equidad. Otra cuestión es que pueda hablarse de equidad en relación con una medida como la que se anuncia, manifiestamente injusta en el contexto de las causas que han originado la crisis económica y de las medidas que resultarían necesarias para afrontarla. Dadas las diferencias salariales existentes entre Administraciones, no descarto que el recorte afecte de forma diferente a empleados estatales, autonómicos y locales. Como aún no disponemos de datos fiables, no sabemos si el porcentaje de descuento se aplicará sobre el salario íntegro o si se excluirán algunos conceptos.

Considero que una huelga podría ser útil como medida de presión y me sumaría a ella, pero no será suficiente si no se acompaña de otras medidas complementarias que supongan una implicación de los empleados públicos en la denuncia de los excesos económicos del sistema, en cuyo saneamiento se les utiliza ahora como “chivo expiatorio”. Debería de articularse una actuación colectiva de denuncia de los desmanes económicos del sistema partitocrático característico de la democracia – espectáculo vigente: hipertrofia de puestos de confianza, políticas publicitarias improductivas, prácticas clientelistas de captación de apoyos económicos, mediáticos o sindicales en perjuicio, en tantas ocasiones, de terceros con mejor de derecho y acompañadas, en muchos casos, de dispendios económicos inadmisibles.

Igualmente, me parece un agravio comparativo inadmisible es que no se recorten los sueldos a los empleados de empresas públicas. Particularmente si se tiene en cuenta que muchas de estas empresas son el resultado de un proceso incontrolado de “huida del Derecho Administrativo” para privatizar la gestión de servicios públicos, eludiendo con ello, entre otros extremos, la convocatoria de procedimientos de acceso al empleo dependiente de las mismas conforme a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Desde mi punto de vista, la decisión de recortar nuestros sueldos, cuyos detalles se conocerán mañana, es una medida de corte populista, impuesta por eso que se llama eufemísticamente como “mercados”, y que no es otra cosa que el poder financiero trasnacional. Lo paradójico del caso es que, esos mismos poderes fácticos que llevaron a la economía al precipicio y a los trabajadores al paro masivo, fueron los que exigieron a los Estados dinero en grandes cantidades para disponer de liquidez. Ahora, cuando los Estados han incrementado su deuda, tras sanear el descomunal agujero que crearon los especuladores financieros, les imponen un brutal recorte del gasto público con el objetivo de que puedan afrontar el pago de esa deuda.

Para culminar esta jugada maestra, esa imposición va acompañada de la prohibición de incrementar los ingresos a través de una política fiscal progresiva, es decir, aumentando los impuestos de los que más ganan, especialmente, de las grandes fortunas. El próximo paso será, muy probablemente, una nueva oleada de privatizaciones, que volverá a justificarse en la necesidad de recortar el gasto público".

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